Zona Franca de Occidente
LAVERDAD SOBRE LA ZONA FRANCA DE OCCIDENTE Y LOS HERMANOS URIBE MORENO
¿Hubo favorecimiento alguno hacia los hijos del presidente uribe en el caso de la zona franca de occidente?
Todo lo contrario. La verdad es que durante la presidencia de Álvaro Uribe el régimen de zonas francas fue reformado estructuralmente para garantizar absoluta transparencia a la hora de autorizarlas.
En efecto, antes del gobierno Uribe eran algunos funcionarios públicos quienes con total discrecionalidad determinaban si se podía establecer o no una zona franca en algún punto. Pues bien, el Presidente Uribe abrió el régimen a la libre y justa competencia, permitiendo a cualquier ciudadano que cumpliera con unos requisitos legales objetivos obtener la calificación de zona franca.
Más importante aún, la reforma de Uribe al régimen de zonas francas despojó de cualquier competencia discrecional a los funcionarios públicos encargados de revisar el cumplimiento de requisitos. Por ende, la competencia de esos funcionarios públicos a la hora de autorizar una zona franca pasó a ser totalmente reglada. Esto quiere decir que, si los requisitos se cumplen, dichos funcionarios tienen la obligación y no la potestad discrecional de conferir la calificación de zona franca.
En otras palabras, gracias a la reforma, la aprobación o el rechazo de una solicitud de zona franca se convirtió en una obligación de los funcionarios competentes, cerrándose cualquier posibilidad de favorecimiento irregular.
No en vano durante el gobierno del Presidente Uribe Colombia pasó de 11 zonas francas a más de 50 y durante los años siguientes el número llegaría a 111. Todo ello con estupendos resultados en materia de inversión privada, generación de puestos de trabajo de calidad y crecimiento económico, los verdaderos objetivos del equipo de gobierno de Uribe a la hora de implementar su reforma al sistema de zonas francas.
Ahora bien, aunque Tomás y Jerónimo Uribe adquirieron dentro de su fuero empresarial privado un predio en la Zona Franca de Occidente, nunca intervinieron ni directa, ni indirectamente en los trámites de calificación de ésta. Estos fueron adelantados en su totalidad por una compañía privada denominada Zona Franca de Bogotá, la mayor operadora y desarrolladora de zonas francas de Colombia. Lo anterior puede verificarse revisando las actas de la Comisión Intersectorial de Zonas Francas, órgano colegiado que se encarga de la aprobación de cada zona franca en el país.
Nótese que, como la Comisión es un órgano colegiado, son varios los funcionarios que intervienen en sus decisiones, incluyendo el Ministro de Hacienda, el Ministro de Comercio, Industria y Turismo, el Director de la DIAN y el del Departamento Nacional de Planeación. ¿A alguien le cabe en la cabeza que tantos funcionarios de tan alto nivel se hubieran podido confabular, por lo demás violando los requisitos objetivos de una zona franca, para favorecer a los hijos del Presidente de la República?
Absurdo.
Además, todos y cada uno de quienes participaron en la aprobación de la Zona Franca de Occidente se han pronunciado negando de tajo cualquier injerencia, directa o indirecta, de Tomás o Jerónimo Uribe en dicho proceso.
¿Hubo favorecimiento del entonces Alcalde de Mosquera hacia los hijos del Presidente Uribe al modificar el uso de suelo en donde iría a ubicarse la Zona Franca de Occidente a cambio de que éstos le vendieran a la familia del mandatario una participación en ésta por debajo de los precios de mercado?
¡FALSO!
Tal como lo confirmó una sentencia ejecutoriada y proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en 2011 y el archivo del proceso penal en Fiscalía en mayo de 2017, el uso industrial de estos terrenos viene dado desde la modificación al Plan de Ordenamiento Territorial de Mosquera en el año 2000.
Desde luego, la vocación industrial de los predios era inobjetable, como quiera que se encontraban rodeados de numerosas empresas desde antes del año 2000. Óigase bien: año 2000. Es decir, el uso industrial de los predios de la Zona Franca de Occidente se materializó desde mucho antes del gobierno del Presidente Uribe.
Como si lo anterior fuera poco, tampoco se puede perder de vista que toda modificación a un POT es de índole municipal, razón por la cual el Gobierno Nacional no interviene.
También es importante señalar que el arquitecto a cargo de los trámites para el cambio del POT en Mosquera en el año 2000 fue contratado por la empresa Bavaria, antigua propietaria del inmueble, y es un respetado y prestigioso urbanista llamado Camilo Santamaría.
En suma, no existe posibilidad alguna de que durante el gobierno del Presidente Uribe se hubiese llevado a cabo una modificación al POT en el municipio de Mosquera para darle uso industrial a los terrenos de la Zona Franca de Occidente y, menos aún, que una modificación de ese tenor hubiese sido producto de favorecimiento especial o irregular alguno.
Con respecto a la venta de parte del predio de los hermanos Uribe a unos parientes del entonces Alcalde de Mosquera, las actuaciones también fueron transparentes. El comisionista que representó a Bavaria para vender a los hermanos Uribe Moreno el predio que adquirieron les informó que una constructora del municipio de Mosquera estaba interesada en adquirir una parte de este.
Es cierto que la constructora pertenecía a familiares del Alcalde de Mosquera. Lo que no dicen los maledicentes acusadores es que dicha empresa llevaba vinculada al municipio durante los últimos 30 años y había construido los principales conjuntos residenciales y parques industriales de la ciudad. No se trataba de una sociedad de papel creada para la ocasión, sino que contaba con cúmulos de trayectoria y experiencia real.
Adicionalmente, la parte del predio que los hermanos Uribe Moreno le vendieron a dicha constructora está ubicada al otro lado de la vía, motivo por el cual no era útil para el proyecto de los hermanos Uribe Moreno. Así las cosas, era lógico y empresarialmente racional que ese segmento del predio se vendiera a un tercero, en este caso a la constructora de Mosquera. Lo que no es cierto es que se hubiera vendido por debajo de precios de mercado y menos aún para concederle un “gangazo” a los parientes del Alcalde.
Lo cierto es que esa parte del predio posee una forma muy irregular y permite un muy bajo aprovechamiento constructivo, tal como lo pudo constatar matemáticamente la Fiscalía en su decisión de archivo en 2017. Aún así, el precio de venta a la sociedad fue 19% superior al precio de compra a Bavaria, arrojando para los hermanos Uribe Moreno una muy buena utilidad para una simple operación de compraventa.
Posteriormente acusaron a los hermanos Uribe Moreno de que la plusvalía cobrada por el municipio había sido irrisoria. Esta vez los encargados de la calumnia desconocieron que el avalúo con base en el cual se estableció el cobro de la plusvalía fue realizado por una firma adscrita al IGAC y afiliada a La Lonja de Bogotá.
Por supuesto, el tema fue revisado exhaustivamente por la Fiscalía antes de archivar el proceso penal, así como durante el proceso que condujo al fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en favor de los hermanos Uribe Moreno.
En conclusión, la narrativa que los enemigos de siempre del Presidente Uribe quisieron confeccionar con la Zona Franca de Occidente, en este caso para menoscabar moralmente a sus hijos, fue producto de una imaginación canalla, rastrera y, como ya es costumbre, con un oscuro trasfondo de venganza y política. Pero los hechos hablan por sí solos y, una vez más, Álvaro Uribe y su familia salieron incólumes no sólo en el plano judicial, sino también en el plano moral.