Reeleción Transparente
LA VERDAD SOBRE LA REELECCIÓN PRESIDENCIAL DEL PRESIDENTE URIBE
La popularidad del Presidente Uribe siempre gravitó alrededor de 80%, el más alto índice de aceptación a labor de gobierno alguna en la historia reciente del país. Por lo tanto, no debe sorprender el clamor del pueblo colombiano en 2004 y 2005 para que su gestión pudiera continuar. Clamor que, no obstante, debía examinar en derecho la Corte Constitucional.
Pues bien, en 2005 dicha corte declaró constitucional la Reforma a la Carta Magna que autorizaba la reelección presidencial y que permitió que Álvaro Uribe Vélez aspirara por segunda vez a la Presidencia de Colombia. Luego, en 2006 el Presidente Uribe ganó por un amplísimo margen y en una sola vuelta su reelección.
Sorpresivamente, en 2008 la entonces excongresista Yidis Medina afirmó que funcionarios de la administración Uribe, incluido el propio Presidente de la República, le ofrecieron prebendas (notarías) a cambio de votar favorablemente el Acto Legislativo de la reelección presidencial en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.
¡El mundo al revés!
La verdad es que quien intentó sobornar al gobierno fue la ex congresista Yidis Medina. Esto sucedió en 2007 cuando se comunicó en varias oportunidades con Tomás Uribe, hijo del Presidente de la República, para decirle necesitaba hablar con su padre porque, según ella, algo muy grave iba a suceder con el tema de la reelección. Cuando le informaron de esto al Presidente Uribe, pidió que no se la pasaran al teléfono.
Como si esto fuera poco, en 2008 también se conoció que la Sra. Yidis Medina había presionado a funcionarios del gobierno a comienzos de ese año para que le adjudicaran un contrato en Ecopetrol, presión indebida que los funcionarios inmediatamente rechazaron.
Ahora bien, en relación con el supuesto ofrecimiento de notarías, cabe recordar que fue durante el gobierno del Presidente Uribe que se implementó, por primera vez en Colombia, el concurso de notarios. Ello para darle total transparencia a la selección de quienes quedaran al frente de las codiciadas notarías.
Gracias a esta reforma en contra del clientelismo y la politiquería, para 2009 el Gobierno Nacional había nombrado por concurso y en propiedad 737 notarios en todo el país. Adicionalmente, había abierto un concurso para 134 notarías más que estaban vacantes, para un total de 871 notarios a ser nombrados por concurso.
Más aún, en medio de las investigaciones la propia Yidis Medina reconoció en una declaración bajo gravedad de juramento en la Procuraduría General de la Nación que en ningún momento había sido presionada para emitir su voto a favor del acto legislativo que habilitaba la reelección del Presidente Uribe.
Tampoco se puede perder de vista que la entonces Representante Yidis Medina integraba la bancada del Partido Conservador, la cual hacía parte de la coalición de gobierno y, naturalmente, se había comprometido a apoyar el acto legislativo que le daba paso a la reelección del Presidente Uribe. En otras palabras, lo anormal hubiera sido que votara en contra.
Todo lo anterior indica que la acusación de la Sra. Yidis Medina no es más que otra mentira confeccionada por los enemigos del Presidente Uribe en su afán de agredirlo y causarle daño, esta vez deslegitimando una reelección que fue transparente, que contó con inmenso apoyo popular y que, por supuesto, tuvo sólido fundamento constitucional. Aún así, varios funcionarios del Presidente Uribe fueron condenados por la Corte Suprema de Justicia con ocasión de las calumnias de la Sra. Yidis Medina.
En efecto, tras un proceso plagado de anomalías y violaciones protuberantes al debido proceso y al derecho de defensa, la entonces Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia condenó al ex Ministro de Salud Diego Palacio, al ex Ministro del Interior Sabas Pretelt de la Vega y al ex Secretario General de la Presidencia Alberto Velásquez. Ciertamente, la única prueba que encontró la justicia en contra de estos altos funcionarios del Presidente Uribe es el espurio y contradictorio testimonio de Yidis Medina, alguien cuyo proceder en la vida pública está cuestionado.
No obstante, las ilegales condenas no deben sorprender, pues eran parte de la criminal venganza que la entonces Corte Suprema de Justicia cobró en contra del Presidente Uribe y su equipo de gobierno. No perdonaron nunca que Uribe hubiera tenido el valor de destapar los vínculos oscuros de varios de los integrantes de esa Alta Corte con el narcotráfico, el clientelismo y la corrupción.
Así como condenaron injusta e ilegalmente a estos tres funcionarios, también condenaron a muchísimas de las personas que sirvieron y defendieron honorablemente el gobierno del Presidente Uribe. De hecho, no se puede desestimar que muchos años después los medios de comunicación dieron a conocer un audio en el cual varios magistrados de la entonces Corte Suprema de Justicia admitían abiertamente que en los casos de funcionarios del gobierno Uribe había que proceder políticamente y no en derecho.
Y, como si todo esto no fuera suficiente, en 2017 y gracias a una investigación de la DEA, se descubrió que varios de esos magistrados que cobraron venganza en contra de Uribe mediante las ilegales condenas a sus funcionarios, en realidad pertenecían a una organización criminal que se dedicaba a extorsionar a cambio de absoluciones, organización tristemente conocida como Cartel de la Toga.
Eso lo dice todo.
Sin duda, el episodio de Yidis Medina no fue más que otra de las tantas saetas que los furibundos enemigos del Presidente Uribe le han disparado no sólo para agredirlo y menoscabarlo, sino también para cobrarse venganza mediante el asesinato moral y judicial de sus más cercanos defensores.