Uno de los mayores legados que el Presidente Uribe dejó a Colombia fue la profunda transformación de su sector minero – energético; transformación que propició una bonanza energética en nuestro país como nunca se había visto.

Bonanza Energética

Los recursos naturales no renovables y particularmente aquellos que se convierten en fuente de energía son, al mismo tiempo, fuente de riqueza y prosperidad para cualquier nación.

Su explotación sostenible y responsable permite al Estado un mayor gasto social en favor de los sectores más vulnerables, así como una mayor inversión en proyectos de infraestructura, ciencia y tecnología, protección del medio ambiente, tecnologías de la información y comunicaciones, incentivos a la producción, entre muchas otras posibilidades.

Es decir, los recursos naturales no renovables minero – energéticos son, por un lado, fuente importantísima de recursos catalizadores de la cohesión social de un país y, por otro, motor de impulso a su productividad, crecimiento, prosperidad agregada y desarrollo económico.

Adicionalmente, la explotación de esos recursos viene acompañada de la ejecución de grandes proyectos en las regiones productoras, lo cual, como es obvio, termina traduciéndose en enormes beneficios para las comunidades locales tales como: empleos de calidad, mejores viviendas, la activación de servicios públicos, una mejor educación, más y mejor cobertura en salud y una mayor y más moderna infraestructura.

En otras palabras, el aprovechamiento sostenible de los recursos minero – energéticos no renovables es sin duda alguna una bendición para las regiones productoras y sus comunidades, pues conduce inevitablemente a un salto en su nivel de desarrollo, bienestar y calidad de vida.

Ahora bien, al iniciar el siglo XXI el panorama minero – energético de Colombia era sombrío y lúgubre.

En ese entonces las reservas de hidrocarburos iban en rápido declive hacia el agotamiento definitivo, existían altísimos índices de robo y extracción de combustible por parte de grupos criminales, los atentados a oleoductos y torres de energía eran el pan de cada día, no existía un marco normativo generador de confianza inversionista en el sector y, para acabar de ajustar, las empresas que osaban continuar trabajando en el país eran víctimas permanentes de extorsión, secuestros e intimidación por parte de los grupos narcoterroristas que asolaban el país.

Pues bien, al llegar a la Presidencia de la República, Álvaro Uribe reconoció en el sector minero – energético de Colombia dos elementos fundamentales para la hoja de ruta que quería trazar.

Por un lado, supo que un desarrollo responsable, serio y sostenible de los recursos no renovables minero – energéticos del país podría revertir el desplome y empobrecimiento del sector y, de este modo, convertirlo en fuente importantísima de recursos fiscales frescos para sus políticas públicas de cohesión social, uno de los bastiones de su línea de pensamiento político.

Por otro lado, identificó en el sector de minas y energía la punta de lanza para generar un círculo virtuoso de confianza inversionista en nuestro país, jalonando así más recursos de capital no sólo para el propio sector, sino también para muchos otros sectores y, con ello, generando más crecimiento económico y cientos de miles de puestos de trabajo formales y de calidad para Colombia.

Así las cosas, el Presidente Uribe y su equipo de gobierno trabajaron incansablemente por volver el sector minero – energético altamente competitivo y atractivo para la inversión doméstica y extranjera.

Tal fue el éxito del conjunto de políticas y transformaciones que se pusieron en marcha que, al final de su mandato, Álvaro Uribe había logrado consolidar una canasta energética en Colombia que no sólo nos permitía autoabastecernos, sino además ser proveedores de energía para otros países.

Por supuesto, semejante reactivación minero – energética requirió no sólo de ese pilar central de su gobierno denominado Confianza Inversionista, sino también del brazo firme de la Seguridad Democrática.

El camino trazado y los resultados obtenidos lo dicen todo:

• Desde el primer día de gobierno se puso en marcha una profunda transformación institucional encaminada a brindar mayor estabilidad, transparencia y seguridad jurídica a la inversión en el sector de hidrocarburos.
• Fue así como en 2003 se creó la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), con lo cual las decisiones de adjudicación de yacimientos para exploración y explotación de hidrocarburos salieron de las manos de Ecopetrol, quien se convirtió en un competidor más, y con lo cual se eliminó el nefasto conflicto de interés que antes existía y que, naturalmente, empañaba e incluso truncaba muchas posibilidades de inversión por parte de empresas diferentes a Ecopetrol.
• Con la transformación institucional del sector, Ecopetrol obtuvo plena independencia corporativa para el manejo de sus recursos y, en consecuencia, quedó con la flexibilidad requerida por cualquier compañía que debe tomar decisiones de inversión para competir en igualdad de condiciones con todos los demás actores del negocio, no sólo en Colombia sino también a nivel internacional.
• El Gobierno Nacional también logró la aprobación por parte del Congreso de la República de la Ley 1118 de 2006, mediante la cual se democratizó Ecopetrol, autorizando su capitalización vía emisión de acciones hasta por el 20% de su patrimonio.
• Gracias a esto, el 11.51% de las acciones de Ecopetrol pasó a manos de más de 480 mil accionistas, en su mayoría personas naturales pero incluyendo también, entre otros, los fondos de pensiones de los colombianos.
• Debido a esto, al impecable manejo dado a la empresa y a las profundas reformas institucionales llevadas a cabo en el sector, el valor de Ecopetrol pasó de $US 12,000 millones (de dólares) en 2002 a $US 50 mil millones en 2010.
• Ello también disparó la inversión extranjera en explotación y exploración de hidrocarburos, con estupendos resultados para el país:
• Por ejemplo, mientras en 2002 sólo se perforaron 10 pozos petroleros, entre 2008 y 2010 se perforaron 226 pozos.
• Para abril de 2010 la producción de barriles del crudo por día había aumentado 31% frente al promedio registrado en 2002.
• Adicionalmente, se modernizó la hasta entonces obsoleta refinería de Barrancabermeja.
• Más importante aún, se puso en marcha la construcción de la refinería de Cartagena, la cual representa el 37% del PIB del departamento de Bolívar, el 9% del PIB de la Región Caribe y un poco más del 1% del PIB nacional.
• Adicionalmente, se canalizó una inversión de 10,000 millones de dólares destinados a la construcción de oleoductos, gaseoductos y poliductos.
• Por su parte, el déficit de gas combustible que padecía Colombia también fue eliminado:
• En efecto, las reservas de gas en el país se incrementaron en casi 20% y se pudo abastecer toda la demanda.
• Mientras en 2002 menos de 3 millones de hogares en 296 municipios del país estaban conectados a gas domiciliario, para 2010 llegaron a estar conectados cinco millones y medio de hogares en 555 poblaciones del país.
• En ese mismo periodo el mercado de gas natural vehicular se disparó de 18 mil a más de 300 mil usuarios.
• Incluso se pudo abastecer a Venezuela con 150 millones de pies cúbicos de gas diarios.
• Dado que un precepto fundamental del impulso que el Presidente Uribe dio al sector minero – energético y de recursos naturales no renovables fue la sostenibilidad, su gobierno también diversificó significativamente la matriz energética, ampliando la participación en ésta de fuentes hidráulicas, térmicas y renovables como eólica, solar y biomasa.
• Gracias al Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas (IPSE) la mayoría de las zonas apartadas de Colombia pudieron acceder a alguna fuente de energía.
• Por ejemplo, en Isla Fuerte – departamento de Bolívar – se instaló un sistema de paneles y seguidores solares que permitió abastecer de forma continua y sin intermitencias ese punto del país.
• De hecho, a marzo de 2010 la cobertura de energía en el país alcanzó un nivel de 95% o, lo que es lo mismo, el servicio de energía pudo llegar a casi todas las zonas apartadas y lugares en donde antes no había suministro.
• A través del Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas (FAER) se otorgó permiso a los entes territoriales para actuar como gestores de planes, programas y proyectos de inversión para la construcción e instalación de nueva infraestructura eléctrica.
• Esto permitió ampliar la cobertura y satisfacer la demanda de energía en las zonas rurales del país.
• El Programa de Normalización de Redes Eléctricas (PRONE) cofinanció un gran volumen de planes, programas y proyectos para la normalización de redes eléctricas.
• En concreto, financió proyectos por más de 190 mil millones de pesos en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Santander, Sucre y Tolima.
• Se invirtieron más de 700 millones de dólares en la construcción de plantas productoras de etanol.
• Se inició la construcción de Hidroituango, con una potencia de 2,400 megavatios, esencial para la autosuficiencia energética de Colombia y uno de los más ambiciosos proyectos de ese tipo de infraestructura en Latinoamérica.
• Igualmente, se llevó a cabo la construcción de la Hidroeléctrica El Quimbo, en el departamento del Huila, con capacidad para generar 400 megavatios de energía para el país.
• También se construyó la Central Hidroeléctrica Amoyá, en el departamento del Tolima con capacidad para generar 80 megavatios de energía.

• Este cúmulo de desarrollo energético permitió que, finalizando el segundo período del Presidente Uribe, Colombia estuviera en capacidad de exportar diariamente 535 y 336 megavatios a Ecuador y Venezuela,

Ahora bien, el gobierno de Uribe no solo se preocupó por generar riqueza con el sector minero – energético, también se propuso desvanecer todos los focos de corrupción. 

En este sentido logró la eliminación de la Comisión Nacional de Regalías e impulsó el programa Auditorias Visibles de Regalías. Este programa fue diseñado por el Gobierno Nacional para imprimirle transparencia y participación ciudadana al control de la ejecución de los recursos de regalías en los departamentos y municipios que las reciben.

En suma, uno de los mayores legados que el Presidente Uribe dejó a Colombia fue la profunda transformación de su sector minero – energético; transformación que propició una bonanza energética en nuestro país como no se veía en la historia reciente.

Fue una bonanza que, adicionalmente, generó buena parte de los recursos fiscales requeridos para tejer esa cohesión social que Colombia tanto necesitaba en ese entonces y que, a lo largo de su mandato, Álvaro Uribe pudo efectivamente tejer.

Fue, además, una bonanza de inversión, crecimiento económico, prosperidad, fuentes de empleo y una mejor calidad de vida no sólo para el país como un todo, sino también y especialmente para esa gran cantidad de comunidades y regiones a lo largo y ancho del territorio nacional que se beneficiaron directamente de ella.

Pero fue, por supuesto, el resultado de una mayor bonanza, la bonanza de afecto y cariño de Uribe por el pueblo colombiano.