Persecución de la Corte Suprema de Justicia
LA VERDAD SOBRE LA PERSECUCIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA A ÁLVARO URIBE VÉLEZ
Después de la reelección presidencial en el año 2006, el gobierno Uribe decide denunciar a varios magistrados de la Corte Suprema de Justicia por vínculos con individuos relacionados con el narcotráfico y el lavado de dinero. Tales denuncias desataron una feroz retaliación por parte de la Corte Suprema de Justicia en contra del Presidente Uribe y todo su equipo de gobierno.
Todo comenzó en septiembre de 2006, cuando el entonces Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Magistrado Yesid Ramírez Bastidas, acusó al Presidente Uribe de favorecer una reforma constitucional que le confería ciertos poderes a la Corte Constitucional en detrimento de la Corte Suprema de Justicia. Ello, según Ramírez, como devolución de favores por parte del Presidente Uribe a aquel tribunal tras haber fallado favorablemente la enmienda constitucional que permitió la reelección del propio Uribe. En su acusación el Magistrado Ramírez describió a Uribe como alguien a favor de la tiranía, del absolutismo, del despotismo y la monarquía, y se refirió a él de manera sarcástica como el Príncipe.
A continuación, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ordenó la captura de un número significativo de integrantes del Congreso de la República (pertenecientes a todos los partidos, pero principalmente a la coalición de gobierno), acusándolos de haber recibido apoyo de grupos paramilitares. Muchos fueron condenados sin pruebas y en juicios sumarios plagados de violaciones al debido proceso y al derecho de defensa.
Luego, en 2008, el nuevo Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Magistrado Julio César Valencia Copete, acusó al Presidente Uribe de haberlo llamado en el año 2007 para interceder por su primo, precisamente uno de los congresistas procesados por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. La verdad sobre esto es que el Jefe de Estado lo había llamado no para abogar por su primo, sino para protestar por una información que había recibido sobre unos falsos testigos que los investigadores de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia estaban tratando de manipular en contra del propio Presidente de la República.
Pero la venganza no cesó ahí.
En 2009 la Corte Suprema de Justicia acusó a las agencias de inteligencia del gobierno Uribe de intervenir las líneas telefónicas de varios magistrados. Pues bien, se ha probado una y otra vez que la única y verdadera víctima de intervenciones telefónicas ilegales fue el propio Presidente Uribe. Más aún, hasta el día de hoy el país no conoce NI UNA SOLA de las interceptaciones a las líneas telefónicas de los magistrados.
Posteriormente, entre 2009 y 2010 la Corte Suprema de Justicia bloqueó sistemáticamente todos los nominados/ternados por el Presidente Uribe para el cargo de Fiscal General de la Nación. Con ello consumó una estrategia absolutamente inconstitucional y tenebrosa, pero ciertamente exitosa, para alterar el sistema de pesos y contra pesos institucionales en Colombia y, de ese modo, impedir que el Fiscal General de la Nación del siguiente período presidencial proviniese de una terna nominada por Uribe. Sin duda, la Corte Suprema de Justicia requería de un Fiscal hostil contra el Presidente Uribe y su equipo de colaboradores para el momento en que éste abandonara el gobierno.
Ahora bien, para el año 2010 ya era claro para el país y el mundo entero que la Corte Suprema de Justicia estaba totalmente politizada. Esto era tan evidente, que el propio Departamento de Estado de los Estados Unidos así lo reportó a través de su Embajada en Colombia[1].
Hacia finales de 2010 la Corte Suprema de Justicia, en alianza con el entonces Presidente Juan Manuel Santos, terminó de consumar su estrategia de instrumentalizar la Fiscalía General de la Nación en contra de Uribe y su gobierno. En efecto, Juan Manuel Santos se prestó para modificar ilegalmente la terna de candidatos a Fiscal General enviada por el ahora ex Presidente Uribe y la Corte Suprema de Justicia, violando su propio reglamento, eligió rápidamente una nueva e ilegítima Fiscal General. Aunque la ilegitimidad de su elección condujo a que esta persona fuera destituida por parte del Consejo de Estado en febrero de 2012, su tiempo en el cargo le bastó para encausar, imputar, acusar y encarcelar a un sinnúmero de funcionarios del entorno más cercano del ex Presidente Uribe.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia los condenó a todos después de juicios colmados de anomalías y violaciones a sus derechos de defensa y al debido proceso. De hecho, la politización de la Corte Suprema contra los altos funcionarios de Uribe quedó en evidencia cuando en el año 2015 los medios de comunicación revelaron un comprometedor audio de una discusión confidencial en 2008 entre los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. En el audio varios magistrados afirman sin ambigüedad alguna que en los casos relacionados con el Presidente Uribe y sus altos funcionarios, la Corte Suprema tendría que tomar decisiones sin desacuerdos y con base en la conveniencia política.
Como si todo lo anterior fuera poco, en 2017 se revelaron unas grabaciones de la DEA que comprometían a varios magistrados de la Corte Suprema de Justicia en un escándalo de corrupción extorsiva al que se le denominó Cartel de la Toga.
Así las cosas, se terminó de probar que todos los ex funcionarios del entorno cercano al Presidente Uribe que fueron condenados por la Corte Suprema de Justicia habían sido víctimas de una camarilla de magistrados no sólo politizados, sino también corruptos.
En 2018 ya fue Álvaro Uribe quien quedó en manos de la Corte Suprema de Justicia. Aprovechando su fuero de Senador de la República, la Sala Penal de la Corte intervino ilegalmente su teléfono, distorsionó el contenido de las llamadas y torció una denuncia por manipulación de testigos que el propio Uribe había interpuesto en contra de un congresista cercano a las FARC, exonerando al congresista y, aunque parezca increíble, invirtiendo los papeles para encausar penalmente al mismo Uribe. Es decir, la Sala Penal, como último hito del camino de venganza emprendido 12 años atrás, invirtió ilegalmente el proceso, despojó al ex Presidente Uribe de su condición de víctima y, sin pudor alguno, le confeccionó un proceso penal para convertirlo en supuesto victimario.
Si eso no es persecución de un tribunal de justicia en contra de Álvaro Uribe, entonces ¿qué lo es?
[1] Nichols. La crisis política en Colombia. 17 de noviembre de 2009. Cable de la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá al Departamento de Estado (DOS).