La Seguridad Democrática convierte las fuerzas del orden en aliados y protectores de la ciudadanía, pero especialmente de la mujer y el hombre del común.

Seguridad Democrática

La seguridad no puede ser un principio o una tesis exclusiva de partido político, línea de pensamiento o ideología alguna. La seguridad no es de izquierdas, ni de derechas.

La seguridad es un pilar fundamental y valor democrático de toda la sociedad, es un bien supremo al que tienen derecho todo y cada uno de los ciudadanos, independientemente de su condición. Es lo que garantiza a cada ser humano su derecho a la vida, a la libertad, a la libre expresión, al trabajo…

Con su llegada a la casa de Nariño el Presidente Álvaro Uribe unió a Colombia bajo una sola bandera y un único fin… restaurar la paz de Colombia a través de la Seguridad Democrática.

Ahora bien, Seguridad Democrática no es la doctrina de seguridad propia de las dictaduras militares, la Seguridad Democrática tampoco admite abuso de poder o represión por parte de las fuerzas armadas. Todo lo contrario, la Seguridad Democrática convierte las fuerzas del orden en aliados y protectores de la ciudadanía, pero especialmente de la mujer y el hombre del común.

La Seguridad Democrática permite restaurar y preservar el orden, gobernar con firmeza y hacer respetar el imperio de la ley, pero de una forma democrática, constitucional, transparente y desde la autoridad legítima de un Estado de Derecho.

Seguridad Democrática significa seguridad para todos… Seguridad para todos y cada uno de los colombianos, independientemente de su condición, de su lugar de origen, de su región, de su línea de pensamiento político, o de su capacidad económica.

La Seguridad Democrática es la garantía de seguridad permanente para el sindicalista y el empresario, para el periodista de la capital y de la provincia, para el estudiante y el maestro, para el comerciante, para el transportador, para el agricultor y, sobretodo, para el opositor.

Es, adicionalmente, seguridad que viene acompañada de un gran esfuerzo para restaurar la inversión, el crecimiento económico, la generación de empleo y, así, gracias a una mayor capacidad fiscal, de un sólido y robusto conjunto de programas de cohesión social.

Ahora bien, vale la pena preguntarnos: ¿cómo, cuándo y por qué cobra vida la tesis política de Seguridad Democrática?

Sin duda, más allá del genio político de Álvaro Uribe, la Seguridad Democrática nace en medio de un contexto histórico que no se puede perder de vista.

Hacia finales del Siglo XX Colombia se encontraba inclinada y sometida ante el accionar criminal de múltiples grupos terroristas, todos ellos auspiciados y financiados por el músculo económico del narcotráfico. Una tercera parte del país estaba bajo control territorial del narcoterrorismo de las FARC y el ELN; incluso habían dictaminado sus propias normas tributarias, otra tercera parte del territorio nacional sucumbía al control de los grupos paramilitares; se habían apoderado de las instituciones a nivel local.

El resto del país simulaba ser un Estado de Derecho, cuando en realidad toda Colombia empezaba a ser catalogada en el mundo como un Estado Fallido. Semejante estado de cosas se enmarcaba, adicionalmente, en un proceso de negociación de paz con el grupo terrorista de las FARC; proceso que condujo al despeje de toda autoridad militar y policial de 42 mil kilómetros cuadrados en el oriente del país.

 Estos diálogos fueron en realidad un engaño de las FARC al pueblo colombiano y a un Estado que quiso alcanzar la paz sin confrontación militar y de buena fe. Fueron, en últimas, conversaciones que sirvieron de ropaje a la verdadera intención de ese grupo terrorista: debilitar el Estado, fortalecerse militarmente, afianzarse territorialmente y avanzar hacia la toma del poder bajo la combinación de todas las formas de lucha.

La mal llamada zona de distensión, conformada por los municipios de La Uribe, Mesetas, La Macarena y Vista Hermosa en el departamento del Meta, así como por San Vicente del Caguán en el departamento del Caquetá, terminó convertida en una amplísima zona de albergue y refugio para el crimen y el delito; en un área  más extensa que países como Holanda, Suiza y Bélgica; tan amplia que allí podría caber dos veces un país como El Salvador o Israel, y en donde las FARC contó con suficiente laxitud para fortalecerse, organizarse, armarse, narco traficar impunemente y, por supuesto, ocultar las personas que secuestraba, los bienes (como vehículos y semovientes) que hurtaba y el dinero que extraía de sus extorsiones y fechorías.

Semejante estado de indefensión y sumisión al imperio del horror se convirtió, ya entrado el siglo XXI, en la más grave y peligrosa amenaza contra las libertades y derechos fundamentales de la sociedad colombiana:

• Los secuestros, las masacres y los atentados terroristas eran el pan del día a día.
• Municipios enteros sin servicio de luz como consecuencia de las recurrentes voladuras de torres de energía.
• Campesinos obligados a abandonar sus pueblos y sus veredas, dejando atrás su tierra y el fruto de toda una vida de trabajo.
• Periodistas, líderes sindicales y concejales impunemente asesinados.
• 416 alcaldes, 700 concejales, 200 jueces, 150 fiscales y más de 2,000 funcionarios municipales en el exilio o despachando desde las capitales de departamento.
• Casi 300 municipios sin presencia de la Policía para evitar ataques y represalias de los grupos terroristas.
• Entre los anos 2001 y 2002 se registró un desplazamiento forzado de casi un millón y medio de personas.
• En 2002 los cultivos de coca llegaron a su nivel máximo con 164 mil hectáreas.

Es en este contexto histórico de asedio criminal, descomposición democrática e indefensión absoluta que el pueblo colombiano eligió en 2002 a Álvaro Uribe como su Presidente.

Con suma determinación, los colombianos derrotaron el miedo, participaron en una jornada electoral histórica y le dieron a Álvaro Uribe un mandato claro para volver realidad su promesa de restauración del orden, de liderazgo con firmeza y autoridad… de darle a Colombia lo que tanto necesitaba: Seguridad Democrática.

Ahora bien, los resultados de la doctrina de Seguridad Democrática se empezaron a ver desde muy temprano.

Los sectores más pudientes de la sociedad pagaron sin oposición alguna un impuesto de Seguridad Democrática, gracias al cual el Gobierno Nacional pudo incrementar el pie de fuerza y el número de unidades tácticas en los diferentes teatros de operaciones, adquirir mejor dotación, armamento y equipos de combate para soldados y policías, y mejorar las condiciones de bienestar y la moral de todos los integrantes de las Fuerzas Armadas.

Programas como “Vive Colombia – Viaja Por Ella” permitieron que los colombianos pudieran viajar por las carreteras de Colombia sin la incertidumbre de años atrás, con condiciones de seguridad soportadas en un gran esfuerzo operacional y de inteligencia de la Fuerza Pública.

Para junio de 2003 y gracias al programa Soldado de Mi Pueblo y al retorno de la Fuerza Pública a todo el territorio nacional, alrededor de 200 alcaldes amenazados volvieron a gobernar en sus  municipios.

Adicionalmente, el Gobierno Nacional, con ayuda de Estados Unidos, destinó recursos y esfuerzos como nunca antes a la fumigación área y erradicación manual de los cultivos de coca. Simultáneamente hubo un gran esfuerzo del Gobierno Nacional para impulsar el avance en construcción y mejoramiento de infraestructura vial, de redes de acueductos y alcantarillados y de planteles educativos.

En consecuencia, se reactivó el desarrollo económico y social en las regiones y, poco a poco, comenzó el retorno de gran parte de la población desplazada.

El programa de desmovilización permitió la reincorporación a la vida civil de más de 35,000 integrantes de las AUC y de 18,000 guerrilleros de las FARC y el ELN. Ello sin sacrificar la institucionalidad, imponiendo penas privativas de la libertad de 5 a 8 años, impidiendo la elegibilidad a cargos públicos de aquellos responsables de crímenes atroces y, por supuesto, sin modificar arbitrariamente la Constitución o equiparar grupos ilegal alguno con la Fuerza Pública.

Entre 2002 y 2010 los atentados terroristas cayeron 85% y los homicidios se redujeron 74%, una de las caídas más pronunciadas y significativas en todo el hemisferio.

De hecho, la reducción en homicidios de sindicalistas fue de 86%, el secuestro también se desplomó, pasando de 2,882 casos en 2002 a 282 casos en 2010.

Entre 2010 y 2002 las voladuras a los oleoductos pasaron de 86 a 31, las voladuras de torres de energía cayeron de 483 a 39, las voladuras de vías se redujeron de 248 a 45 y las voladuras de puentes bajaron de 100 a 0.

Para 2010 casi 100 mil hectáreas de coca habían sido plenamente erradicadas. En fin, logros de la Seguridad Democrática que no alcanzan a sintetizarse plenamente en este espacio.

Y fue gracias a este principio político de la Seguridad Democrática, llevado a la práctica por el Presidente Álvaro Uribe, que Colombia pasó de ser un Estado Fallido a convertirse en:

• Un país próspero, libre y seguro, amparado por el Imperio de la Ley y respetuoso de las garantías democráticas gracias a su restaurado Estado de Derecho.
• En una nación con estupenda estabilidad macroeconómica, fiscal y jurídica, generando altísima confianza para la inversión y estupendos registros en materia de crecimiento económico, creación de puestos de trabajo y reducción de la pobreza.
• En un Estado con un extraordinario avance en materia de cohesión social gracias a los resultados en cobertura de salud, cobertura y gratuidad educativa, atención a la primera infancia, asistencia al adulto mayor, programas de formación para el empleo y seguridad alimentaria, entre muchos otros.

En la Colombia que él, Álvaro Uribe, siempre soñó.